Aunque no podemos cerrar tanto el foco que no nos demos cuenta de que la gestión del agua es un problema global, ha crecido la idea de escasez de nuestros recursos hídricos y la importancia de llevar a cabo una óptima gestión integral del ciclo del agua en todo el territorio nacional, ya no sólo en lo que se definía como “España seca” frente a la “húmeda”.
Se hace por ello imprescindible la reflexión y el debate social y político sobre un problema que afecta a sectores tan destacados de nuestra economía, como el turismo, la hostelería o la agricultura, entre otros, sin olvidar, por supuesto, de la población.
Y en este sentido se desarrollan estudios como el realizado por PwC a instancias de Acciona: La gestión del agua en España, análisis de la situación actual del sector y retos futuros.
Este documento identifica tres tipos de retos: el primero es medioambiental e irremediablemente viene marcado por la escasez de agua (estrés hídrico) y desertización de nuestro territorio, entre otros aspectos clave. El segundo, define los problemas estructurales relacionados con un mercado fragmentado con distintos cánones y tarifas, además insuficientes para recuperar costes, aspectos que, además, hacen vulnerable al consumidor.
Por último, los retos económicos se definen en una red obsoleta, con altos costes de operación y mantenimiento y, por tanto, una necesaria inversión, escasa tanto desde ámbito público, como privado.
De este modo, este estudio apuesta firmemente por la creación de un nuevo marco legislativo y regulatorio que aporte estabilidad y predictibilidad al sector, protegiendo al ciudadano y propiciando mayor inversión que facilite un consumo de agua económicamente y medioambientalmente sostenible.
Así, una metodología nacional de obligado cumplimiento para el cálculo de las tarifas del agua urbana sería la clave, según este estudio, para la definición de una nueva metodología integral de gestión del agua, apoyada por incentivos económicos a la aplicación de la misma para los municipios, la definición clara y precisa de las competencias municipales, y la separación jurídica, contable y funcional de aquellas sociedades o administraciones relacionadas con la gestión de infraestructuras de agua; esto último, llevaría a impedir la disparidad que implica la presencia de varios operadores gestionando distintas fases del ciclo del agua para un mismo colectivo de usuarios.
Además de claros beneficios macroeconómicos y en términos de empleo, se eliminarían ineficiencias y se racionalizaría el consumo, se reducirían costes de O&M y reducirían pérdidas de agua gracias a la remodelación y creación de nuevas infraestructuras, derivadas de incentivos y mayores inversiones.
Si te interesan los detalles de esta propuesta, puedes acceder al documento original en La gestión del agua en España, análisis de la situación actual del sector y retos futuros.
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